En casa de Rocío, la nevera funciona enganchada a una bombona de butano. "Una ruina". Para la ducha se llena un barreño de agua y se pone sobre la estufa de leña. "Si lo quieres para la noche lo tienes que poner ahora por la mañana". Y a la hora de dormir hay que cubrirse con tres mantas. "Y no acostarse uno solo, recurrimos al calor humano". Hace casi ocho meses, parte de los sectores 5 y 6 de la Cañada Real de Madrid se quedaron sin suministro eléctrico y estas son las circunstancias en las que viven desde entonces unas 4.000 personas, 1.800 de ellas, menores.
Rocío lleva aquí 27 años, los mismos que tiene su hijo mayor, un chico con una discapacidad que necesita dormir con la luz encendida porque cualquier ruido le asusta. "Le han traído un foco con una batería que se recarga y como podemos se lo ponemos por la noche", cuenta esta mujer, madre también de otros cuatro jóvenes. Tres viven con ella y su marido, "la niña" y el yerno están en la caravana apostada en un rincón de la misma parcela y al quinto lo realojaron hace seis meses. "Menos mal, porque tiene un pequeño de tres años".
En 2017, tras décadas de enfrentamientos, el Gobierno regional y los Consistorios de los tres municipios por los que atraviesa esta antigua vía pecuaria –Madrid, Coslada y Rivas- firmaron un pacto para intentar dar solución al mayor asentamiento ilegal de Europa. Cuatro años después, aún quedan muchas cuestiones por concretar sobre cuál será el futuro de este enclave compuesto por seis sectores. Se sabe que el 6 será plenamente desmantelado, pero sin haber acabado aún el realojo de las 150 primeras familias, el de las 700 restantes tiene visos de eternizarse.
La reubicación de esas primeras personas fue un compromiso adquirido en 2018 por la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital. Concretamente se dirigió a quienes vivían en el conocido como camino sin asfaltar, un tramo por el que hay que ir sorteando profundos baches y que en un día de lluvia como este se encuentra encharcado y embarrado. El punto más vulnerable dentro de una de las zonas más pobres del continente, y que ha hecho saltar las alarmas incluso en la ONU.
A ambos lados de esa carretera, los solares en los que aún hay viviendas van quedando en minoría frente a aquellos en los que han sido reducidas a escombro. Cada vez que se produce una reubicación, la morada es derribada porque el objetivo es dignificar la zona. De momento, sin embargo, el paisaje, que se completa con montañas de basura y chatarra, resulta desolador y siniestro, especialmente cuando el sol se esconde.
"Antes se podía vivir porque había gente en la calle. Teníamos vecinos. Ahora mismo ya no hay nadie. Dos casas y ya", lamenta Elisa. Tras casi veinte años aquí reconoce sentir miedo, sobre todo por sus dos hijas, de siete y trece años, y remarca el empeoramiento de la situación desde que no tienen luz: "Nos ha rematado". "Sabíamos que iban a tirar el trozo sin asfaltar pero por lo menos, hasta que se fuese todo el mundo, pensábamos que tendríamos las condiciones que tenemos que tener. No vivir así, como perros", protesta.
Para acogerse al realojo, los solicitantes debían cumplir una serie de requisitos, como residir y estar empadronados en el asentamiento antes del 31 de diciembre de 2011. En base a esas cláusulas quedan 17 familias por realojar, según los datos de la Fundación Madrina. "Hay algunas más que llegaron después y que no tienen derecho pero también hay que buscarles una salida", señala su presidente, Conrado Giménez, al volante de uno de los tres coches de la ONG que se han acercado a la distribución semanal de ayuda.
"Ahí entramos nosotros", continúa, y explica que le han ofrecido al Comisionado para la Cañada Real Galiana buscar una vivienda para esas familias que la Administración no va a realojar, "padres con hijos en edad escolar y personas mayores". "Estamos empezando y ya tenemos localizado a un grupo de entre diez y quince pero es posible que haya más", señala.
La Fundación Madrina, que lleva desde 2000 ayudando a madres y niños en riesgo de exclusión, comenzó a trabajar en este enclave cuando estalló la pandemia del coronavirus. Entonces abrió sus intervenciones a toda la población que lo necesitase y ahora está volviendo paulatinamente a sus orígenes. "Aquí hay mucha madre gestante y mucho niño", apunta Conrado.
Bebés incluso, porque, pese a las adversidades, la vida se sigue abriendo paso. El vecino más joven nació hace poco más de un mes. Y en plena borrasca Filomena dio a luz Felisa. "Puede llegar al hospital gracias a la UME", cuenta con su pequeña en brazos. La joven se ha acercado a recoger productos de primera necesidad a uno de los puntos en los que la organización se ha parado a repartir.
Sacar adelante a un recién nacido no es sencillo en estas circunstancias, sin luz, y además con escasez de agua. Porque a este suburbio tampoco llega el agua corriente. Las casas cuentan con unos bidones a la entrada que un camión cisterna del Ayuntamiento se encarga de llenar una vez por semana. Bidones que, sobre todo en verano, a los tres días ya suelen estar vacíos.
Residir en este barrio nunca ha sido fácil. Pero ahora es más difícil que nunca según coinciden en manifestar sus vecinos. La zona venía sufriendo cortes de luz intermitentes pero los problemas se agravaron hace unos años, con la llegada de las plantaciones de cannabis.
"120 narcoparcelas" – apostilla Conrado - que requieren de ingentes cantidades de electricidad para que funcionen las estufas y ventiladores que necesitan las plantas para crecer. Esa fuerte demanda de energía ha terminado dejando sin suministro al resto desde octubre en una zona en la que la droga siempre ha estado presente pero no a semejante escala. La existencia de estas mafias se hace patente cuando se ve cruzar por el lodazal a un coche de alta gama o ya en la zona pavimentada algunos adolescentes se hacen notar elevando el ruido de sus motos.
El apagón ha provocado la proliferación de paneles solares sobre los tejados de casas hechas en su mayoría de uralita y latón. Pero para quienes no tienen dinero ni siquiera para poner cristales en las ventanas y pasan los inviernos intentando frenar el frío con plásticos, esas instalaciones se convierten en un lujo. Por eso la Fundación Madrina acaba de llegar a un acuerdo con Light Humanity, un proyecto sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es proporcionar placas a las familias de este sector 6 y que puedan así disponer de electricidad hasta que les llegue el momento de mudarse.
En ese contexto, que aboca a los niños a abandonar el colegio, hay casos como el de la hija mayor de Elisa que ha aprobado todas las asignaturas, incluso teniendo que estudiar iluminada por unas velas. "Hay familias que lo hacen fenomenal pero hay mucho absentismo escolar y tenemos que luchar contra él", alerta el presidente de la fundación que habla de un entorno "inhumano" del que habría que sacar a los menores cuanto antes.
Su apuesta para solucionar la situación pasa por la intervención del Ejército en una macroactuación que desmantele todas las plantaciones ilegales en una misma intervención y por el realojo de los habitantes de esta parte de Madrid, la comunidad con mayor renta per cápita de España. "Nos sentimos abandonados", se queja Felisa, mientras se aleja esquivando los charcos y con la esperanza de poder darle a su pequeña un futuro mejor.
ESPECIAL 20MINUTOS | TEXTOS: Araceli Guede | VÍDEOS: Bieito Álvarez | FOTOS: Jorge París | GRÁFICOS: Henar de Pedro | COORDINACIÓN: Álex Herrera
