La destrucción simbólica de casi 1.500 armas de ETA y los GRAPO se ha llevado a cabo este jueves en Valdemoro, en el colegio de Guardias Jóvenes de la Guardia Civil, y ha presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ni Aznar ni Rajoy acompañarán a Sánchez en la destrucción simbólica de casi 1.400 armas

En el acto, una apisonadora ha destruido cerca de 1.400 armas incautadas durante décadas por las fuerzas de seguridad del Estado a organizaciones terroristas, en su mayoría de ETA, aunque también de los GRAPO.

Pedro Sánchez ha destacado en su discurso la colaboración clave y el papel de Francia en la lucha contra la banda terrorista ETA, que ha supuesto "la derrota de las balas frente a los votos"

"Hemos visto la destrucción de pistolas, fusiles, escopetas... Su destrucción tiene un gran significado para la democracia española", ha destaco Sánchez, que ha querido destacar que este acto tiene un "simbolismo clásico". 

"Quien entrega las armas, acepta la derrota. Se levanta acta aquí, por lo tanto, una vez más, de la derrota de ETA frente a la democracia española. La derrota de las balas frente a los votos, como dijo uno de los principales artífices de esta victoria que fue Alfredo Pérez Rubalcaba. En definitiva, la derrota de la violencia frente a la razón, como dijimos durante muchísimos años", ha destaco el presidente del Gobierno.  

CHEMA MOYA / EFE

"Necesitamos memoria democrática"

Para el líder del PSOE, "la destrucción de las armas refuerza la idea de la derrota de la banda terrorista" porque "no se puede cambiar el pasado pero tenemos la obligación de repararlo". "Los terroristas creyeron imposible doblegar a una sociedad mediante el miedo, mediante el terror, pero no contaron precisamente con la fuerza de la resistencia ciudadana, con la libertad, con el ansia de libertad que tenía el conjunto de la sociedad española", ha sentenciado Sánchez, para el que "después de la desaparición de ETA necesitamos memoria democrática". 

"No podemos recuperar las vidas que perdimos. Tampoco podemos destruir el pasado negro como hoy hemos destruido estas armas. Pero sí está en nuestra mano luchar contra la desmemoria para reparar el dolor y también el honor. Está en nuestra mano acabar con el miedo y seguir construyendo.Porque somos y sabemos que nunca se acaba de construir del todo el camino de la paz y de la libertad", ha concluido el presidente del Gobierno. 

Está en nuestra mano luchar contra la desmemoria para reparar el dolor"

También ha intervenido en la ceremonia simbólica Florencio Domínguez, director del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. "Detrás de estas armas hay muchas tragedias. La destrucción de esta armas supone la derrota de las organizaciones terroristas", ha asegurado en su intervención.

Al acto no ha asistido ningún líder de la oposición ni los expresidentes del Gobierno, todos ellos invitados, como tampoco la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel García Ayuso. Solo han respondido a la invitación la vicepresidenta segunda del Gobierno vasco, Idoia Mendia, y el alcalde de Valdemoro, Sergio Parra.

Quienes sí han acompañado al presidente del Gobierno han sido seis ministros: de Interior (Fernando Grande-Marlaska), Defensa (Margarita Robles), Justicia (Juan Carlos Campo), Exteriores (Arancha González Laya), Política Territorial (Miquel Iceta) y Educación (Isabel Celáa); la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; el presidente de la Audiencia Nacional y su fiscal jefe, así como representantes de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos el jefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero. 

Las víctimas del terrorismo, ausentes

Por otra parte, tampoco han asistido, las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo, entre ellas Dignidad y Justicia, que ha declinado la asistencia al considerar su presidente, Daniel Portero, que se trata de "una maniobra publicitaria" del Ejecutivo de Sánchez para tratar de "tapar el abandono, humillación y traición a los que tiene sometidas a las víctimas del terrorismo".

Desde Moncloa han explicado que se trata de un acto que las asociaciones de víctimas habían propuesto al Gobierno en 2017 y que el actual Ejecutivo lo único que ha hecho es dar "cauce a esta petición para dignificar a las víctimas y simbolizar la victoria del Estado de Derecho sobre el terrorismo".